España inicia la tramitación de la Ley de Consumo Sostenible con la que se persigue que el acceso a los productos sostenibles sea un derecho fundamental y no dependa de los ingresos de las personas.
La nueva Directiva europea 2024/825,
destinada a empoderar a los consumidores para la transición ecológica, mejorará los derechos de las personas consumidoras frente a las alegaciones “ecológicas” engañosas, incluidas las alegaciones desleales sobre la compensación de emisiones de carbono. El objetivo es poner fin al greenwashing de las empresas y garantizar que todas las afirmaciones sobre el impacto medioambiental, que habitualmente se utilizan para incentivar el consumo de los productos, sean veraces, comprensibles y fiables. De esta forma, la Directiva viene a reforzar el derecho del consumidor a tener una información clara, relevante y certera sobre el impacto medioambiental de los productos que consume. La norma aclara también la responsabilidad de los comerciantes a la hora de informar o no informar sobre la obsolescencia prematura, las actualizaciones innecesarias de programas informáticos o la obligación injustificada de comprar piezas de recambio al fabricante original. Todo ello, con el fin de ayudar a las personas consumidoras a tomar decisiones de compra más ecológicas y contribuir al desarrollo de una economía circular.
Esta normativa se complementará con una futura Directiva europea de Alegaciones Ecológicas
que se enfocará en regular las ecoetiquetas y alegaciones ambientales para que sean fiables. Se centrará en las afirmaciones permitidas indicando lo que se puede alegar y en qué condiciones. Igualmente, las empresas estarán obligadas a probar sus afirmaciones ecológicas antes de anunciar productos como «biodegradables», «menos contaminantes», «que utilizan menos agua» o que tienen «contenido bio». Para ello, os Estados miembros designarán a verificadores para preaprobar el uso de estos reclamos y proteger así a los compradores de la publicidad engañosa y ambigua.
Con la nueva Directiva 2024/825
-publicada en el Diario Oficial de la UE el seis de marzo- será necesario proporcionar información específica sobre la durabilidad y la reparabilidad de todos los productos antes de realizar la compra. En aquellos casos en los que no exista una calificación de reparabilidad a nivel de la Unión Europea, se deberán proporcionar detalles sobre la disponibilidad, coste estimado y procedimientos para obtener piezas de repuesto, así como la disponibilidad de instrucciones de reparación y mantenimiento, y cualquier restricción relacionada con la reparación.
En lo que se refiere a los productos digitales, se debe informar a los consumidores sobre el tiempo que dispondrán de actualizaciones gratuitas de software. Asimismo, cuando sea aplicable, se les informará sobre la disponibilidad de opciones de entrega respetuosas con el medio ambiente o la posibilidad de optar por envíos agrupados.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán a más tardar el 27 de marzo de 2026 las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2024/825
. En el caso de España
, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya ha anunciado que ha comenzado a tramitar la Ley de Consumo Sostenible con la apertura de una consulta pública previa. Según ha anunciado la Secretaria General de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, la norma española incluirá el derecho a reparar como principio básico, permitiendo que -siempre que sea posible- se pueda optar por reparar un producto. De la misma forma, se prevé que la reparación de los productos aumente la garantía de los mismos cuando se elija esta opción. Otra de las novedades anunciadas es que desde el Ministerio de Pablo Bustinduy, se va a legislar para que el acceso a los productos sostenibles no dependa de los ingresos que tenga una persona, ya que "esto es un derecho fundamental" y, como tal "este derecho va a ser garantizado mediante la Ley de Consumo Sostenible".
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