Se actualizará la normativa de defensa de los consumidores en España y desarrollará, por primera vez, su régimen sancionador para disuadir el fraude a los consumidores.
Se trata de una reforma de la Ley General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios que persigue adaptar la normativa a las nuevas formas de comercio electrónico, y regular comportamientos empresariales perjudiciales.
Con esta reforma, el Gobierno de España otorga al Ministerio de Consumo la competencia sancionadora en casos de fraudes masivos que afecten a varios países, o cuando el infractor no esté localizado en España y también en infracciones que puedan afectar a la unidad del mercado y a la competencia.
Otro aspecto relevante de este anteproyecto es que España desarrolla por primera vez su régimen sancionador para disuadir el fraude a los consumidores. La intención es que las multas derivadas de los fraudes sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, como exige la Unión Europea.
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