CEC-España apoya un futuro Euro digital que proteja los derechos de los consumidores
El Centro Europeo del Consumidor en España (CEC-España) considera que el euro digital debe garantizar la adecuada protección de datos y la seguridad de los consumidores.
El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado los resultados de una consulta pública
sobre el euro digital
; una moneda que esta institución define como una forma electrónica de dinero emitida por el Eurosistema (el BCE y los bancos centrales nacionales), accesible a todos los ciudadanos y empresas, y que no reemplazaría al efectivo, sino que lo complementaría, de forma que se convertiría en una opción adicional de pago.
Ante la posibilidad de que Europa cuente con una nueva moneda digital en un futuro, el Centro Europeo del Consumidor en España (CEC-España) hace un llamamiento para que las autoridades competentes en la materia tengan en cuenta los derechos de los consumidores, especialmente en lo relativo a los derechos de protección de los datos personales conforme al Reglamento 2016/679/UE,
por lo que las medidas de seguridad deberían ser un aspecto prioritario de la posible futura moneda.
Asimismo, el Centro Europeo del Consumidor en España estima necesario:
- Que el futuro euro digital no suponga un motivo de discriminación de los consumidores en función de su nacionalidad o de la forma de pago elegida dentro de la denominada Zona Única de Pagos en Euros (SEPA).
- Que el futuro euro digital se integre en la normativa europea sobre determinadas comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y comisiones por conversión de divisas. En cuyo caso, debería facilitarse al consumidor información clara y transparente sobre este tipo de comisiones.
- Que el futuro euro digital se enmarque dentro de la normativa comunitaria sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, con la que se eliminan los obstáculos operativos que dificultan la investigación y la acción judicial.
- Que el futuro euro digital y su tecnología no supongan una discriminación para los consumidores más vulnerables, ni acentúen la brecha tecnológica.
