En un plazo de cuatro meses tendrán que adaptarse a la nueva Ley de Servicios Digitales.
La Comisión Europea ha designado el primer conjunto de plataformas en línea y motores de búsqueda online de gran tamaño basándose para ello en el número de sus usuarios. Todos las empresas designadas tienen ahora un plazo de cuatro meses para cumplir con la nueva Ley de Servicios Digitales. Se persigue así capacitar y proteger a los usuarios en línea, incluidos los menores, exigiendo a las compañías que evalúen y mitiguen sus riesgos sistémicos y proporcionen herramientas sólidas de moderación de contenidos. Se trata, en definitiva, de crear espacios digitales más seguros y transparentes en los que se protejan mejor los derechos fundamentales de los usuarios y donde los ciudadanos queden menos expuestos a contenidos ilícitos. De esta forma, se consigue un mayor control democrático y supervisión de las plataformas sistémicas y se atenúan los riesgos sistémicos tales como la manipulación o la desinformación.
Para ello, los usuarios deberán recibir información clara sobre el motivo por el que se les recomienda determinada información y podrán darse de baja de los sistemas de recomendación basados en la elaboración de perfiles. Además, se podrá denunciar fácilmente los contenidos ilícitos y las empresas deberán tramitar estas denuncias con diligencia. Los anuncios que aparezcan en las plataformas no podrán estar basados en datos sensibles del usuario, por ejemplo, el origen étnico, opiniones políticas o su orientación sexual y deberá informarse sobre quién pone dichos anuncios. Asimismo, las plataformas deberán proporcionar un resumen claro y fácilmente comprensible sobre las condiciones de uso en todas las lenguas de los Estados miembros en los que operen.
En cuanto a la protección de los menores de edad, las plataformas deberán garantizar un alto nivel de privacidad, protección y seguridad. Con este fin, queda prohibida la publicidad personalizada basada en la elaboración de perfiles y deberán presentar a la Comisión evaluaciones de riesgos especiales como los efectos negativos en la salud mental.
Por otro lado, y con el objetivo de moderar los contenidos de forma más diligente y evitar la desinformación, las plataformas y motores de búsqueda deberán adoptar medidas para hacer frente a los riesgos vinculados a la difusión de contenidos ilícitos online como la incitación ilegal al odio, a los efectos negativos en la libertad de expresión y de información, así como al uso no auténtico de su servicio. Del mismo modo, deberán trabajar de una forma más transparente sometiéndose a una auditoría externa e independiente, publicando todos los anuncios que hayan utilizado en su interfaz, publicando informes sobre las decisiones de moderación de contenidos y gestión de riesgos, así como facilitando los datos públicos a investigadores. Estos investigadores autorizados tendrán la posibilidad de acceder a los datos de cualquier plataforma en línea o motor de búsqueda de muy gran tamaño a fin de efectuar investigaciones sobre los riesgos sistémicos en la Unión Europea. Esto significa, por ejemplo, que podrían analizar las decisiones de las plataformas sobre lo que los usuarios ven y hacen en línea, y tener acceso a datos no divulgados previamente.
La evaluación de riesgos sistémicos es otro aspecto que, a partir de ahora, las plataformas y motores de búsqueda tendrán que trabajar de una forma más proactiva, transparente y controlada. Así, deberán detectar, analizar y mitigar una amplia gama de riesgos como, por ejemplo, la manera en la que los contenidos ilegales y la desinformación pueden difundirse a través de sus servicios o las repercusiones en la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Igualmente deberán evaluarse y mitigarse aquellos riesgos relacionados con la violencia de género en línea, la protección de los menores y de su salud mental. Estos planes de mitigación de riesgos se someterán tanto a auditorías independientes como a la supervisión de la Comisión Europea. No obstante, si bien la Comisión Europea es la autoridad competente para supervisar las plataformas y los motores de búsqueda designados, trabajará en estrecha cooperación con coordinadores de servicios digitales. Para ello, cada Estado miembro tiene de plazo hasta el 17 de febrero de 2024 para establecer sus autoridades nacionales, ocupándose también de la supervisión de las plataformas y motores más pequeños. En este sentido, hay que destacar que la Comisión Europea ha puesto en marcha el Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica
(CETA) con sede en Sevilla para prestar asistencia a la hora de valorar si el funcionamiento de los sistemas algorítmicos cumple con las obligaciones de gestión de riesgos.
La Ley de Servicios Digitales es aplicable a todos los servicios digitales que conecten a los consumidores con bienes, servicios o contenidos. Crea obligaciones nuevas y exhaustivas para que las plataformas en línea reduzcan los daños y contrarresten los riesgos online, introduce una sólida protección de los derechos de los usuarios en línea y somete a las plataformas digitales a un nuevo marco único de transparencia y responsabilidad. Estas normas, pensadas como un conjunto único y uniforme para la UE, ofrecerán nuevas vías de protección a los usuarios y seguridad jurídica a las empresas en todo el mercado único. Se trata de una herramienta reguladora pionera a escala mundial y representa una referencia internacional en materia de regulación de los intermediarios en línea.
Primer bloque de plataformas en línea de muy gran tamaño:
Fuente de la información: Comisión Europea
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