El Gobierno de España refuerza los derechos de los consumidores frente a los fraudes masivos
El Ministerio de Consumo crea un grupo especial de vigilancia para prevenir y sancionar posibles abusos empresariales masivos
El Ministerio de Consumo ha presentado la nueva Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, un órgano pionero en España para prevenir y sancionar posibles fraudes masivos y garantizar los derechos de las personas consumidoras. Con este nuevo instrumento se mejora y amplía la capacidad de vigilancia, inspección y sanción del Estado ante abusos empresariales masivos, garantizando la existencia de procedimientos administrativos en materia de consumo que den lugar a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, tal como exige la Unión Europea.
Categorías de multas según tipología de infracción:
- Leves: entre 150 y 10.000 euros, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido.
- Graves: entre 10.001 y 100.000 euros, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
- Muy graves: entre 100.001 y 1.000.000 euros, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. Esta sanción lleva también aparejada la publicidad de la resolución sancionadora.
- Generalizadas o generalizadas con dimensión en la Unión Europea: hasta el 4% del volumen de negocio anual del empresario infractor en España.
Entre las infracciones que se podrán sancionar se encuentran las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o la seguridad de la población, el incumplimiento de las normas reguladoras de precios o la introducción de cláusulas abusivas en los contratos.
En esta misma línea de trabajo -a lo largo de 2023- el Ministerio de Consumo seguirá desarrollando distintas políticas de protección para las personas consumidores para lo que se destinarán más de 17 millones de euros (17,27% más que en 2022). Asimismo, tiene previsto impulsar el Sistema Arbitral de consumo con destacadas subvenciones para las Juntas Arbitrales regionales y locales de nuestro país y, en los próximos meses, el Congreso de los Disputados se prevé que apruebe la Ley e Servicios de Atención a la Clientela.
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