El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han llegado a un acuerdo provisional sobre la Directiva sobre el Derecho a Reparar.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (UE) han alcanzado un acuerdo provisional -aún pendiente de que sea ratificado por las partes- sobre el derecho a reparar. Se trata de una normativa que permitirá la reparación de electrodomésticos rotos o defectuosos, y contribuirá con el desarrollo de una economía circular más respetuosa con el medio ambiente.
Tal y como ha señalado la secretaria de Estado belga de Presupuesto y Protección de los Consumidores, Alexia Bertrand, “Europa opta claramente por la reparación en lugar del desecho. Al facilitar la reparación de los bienes defectuosos no solo damos a nuestros productos una nueva vida, sino que también creamos puestos de trabajo de buena calidad, reducimos los residuos, limitamos nuestra dependencia de materias primas extranjeras y protegemos el medio ambiente”.
Hasta ahora, cuando un electrodoméstico se rompía o tenía algún defecto era más fácil tirarlo y comprar uno nuevo que repararlo, especialmente si el producto ya no estaba cubierto por la garantía legal. Con este acuerdo, será más fácil reparar un producto que sustituirlo por uno nuevo ya que aumentará la facilidad, la rapidez y la transparencia para acceder a los servicios de reparación.
Entre los incentivos que incluye la nueva normativa para que las personas consumidoras puedan reparar sus electrodomésticos y prolongar su vida útil destacan la posibilidad de solicitar a los fabricantes la reparación cuando técnicamente sea posible; la creación de un nuevo formulario europeo gratuito y voluntario con información clara sobre las condiciones, el tiempo de reparación, los precios o las piezas de recambio utilizadas. Igualmente, está previsto crear una plataforma única europea online para facilitar el contacto con los reparadores, incluyendo las iniciativas de reparación participativas.
En cuanto al ámbito de aplicación, las nuevas normas afectarán a aquellos productos para los cuales la legislación de la UE establece requisitos de reparabilidad, como por ejemplo las lavadoras, las aspiradoras, lavavajillas, frigoríficos, o los teléfonos. No obstante, el pacto provisional mantiene el derecho a elegir entre reparar o restituir el producto cuando el producto está roto o es defectuoso y todavía se encuentra en garantía, si bien las instituciones europeas quieren que se priorice en la reparación. Para conseguirlo, entre otras medidas, han acordado que, si durante el plazo de la garantía se opta por la reparación, el periodo de responsabilidad del vendedor se ampliará en 12 meses a contar desde la reparación satisfactoria del producto, aunque cabe la posibilidad de que los Estados miembros puedan ampliar este plazo si lo desean. Además, se exigirá que los fabricantes realicen las reparaciones en un plazo razonable y -al no ser que el servicio de reparación sea gratuito- a un precio razonable.
Cuando la Comisión Europea presentó la propuesta en 2023 destacó que los productos desechados son a menudo productos que pueden repararse, pero se suelen eliminar prematuramente, lo que genera 35 millones de toneladas de residuos, 30 millones de toneladas de recursos y 261 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero en la UE cada año. Además, las pérdidas de las personas consumidoras al decantarse por la sustitución en lugar de la reparación se calculan en casi 12 000 millones al año.
