En caso de que se produzca una incidencia que afecte a los derechos de los pasajeros, se podrá reclamar ante la compañía ferroviaria o ante el Administrador de Infraestructuras ferroviarias.
Plazo para reclamar: 3 meses desde la incidencia.
Plazo para que la compañía conteste a la reclamación: 1 mes desde su recepción.
Los pasajeros, previamente, deben haber presentado la reclamación ante la compañía ferroviaria o el Administrador de infraestructuras. Podrán dirigirse a la DGTT cuando haya pasado un mes desde la presentación de la reclamación ante la empresa o el Administrador (tanto si, después de este plazo, no se ha recibido respuesta como si no está de acuerdo con ella).
Gestiona reclamaciones de consumo transfronterizas de consumidores que residen en España y desean reclamar contra una empresa con sede en otro Estado Miembro de la UE, Islandia, Noruega o Reino Unido. Los pasajeros deben haber reclamado previamente ante la compañía.
Los usuarios también podrán presentar sus reclamaciones ante las Juntas Arbitrales del Transporte
de las Comunidades Autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Esta Junta será la que se encuentre en la Comunidad de origen o de destino del transporte, la que se halle en el domicilio de la empresa prestadora del servicio, o la que se encuentre en la comunidad donde resida el viajero, siempre que, en estos dos últimos casos, estuviera en territorio español.
Las Juntas Arbitrales de Consumo son un instrumento extrajudicial que las Administraciones Públicas ponen a disposición de los ciudadanos para resolver de modo eficaz los conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones de consumo.
Los pasajeros de ferrocarril podrán acudir a los tribunales de justicia para interponer una demanda contra la compañía para hacer valer sus derechos, así como cuando haya que solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Con los objetivos de garantizar el acceso a la justicia y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia en la UE, los consumidores disponen del proceso europeo de escasa cuantía
, una alternativa judicial para simplificar, acelerar y reducir los gastos procesales en el caso de demandas transfronterizas dentro de la Unión (excepto Dinamarca), por importes de hasta 5.000 euros.
