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El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que incorpora al ordenamiento jurídico español la normativa comunitaria con la que se persigue una mayor protección con la incorporación de nuevas medidas.

La ley permitirá incrementar la transparencia en las condiciones de los créditos hipotecarios, regular el régimen jurídico de los intermediarios de crédito inmobiliario y los prestamistas inmobiliarios, reforzar las garantías para los receptores del crédito inmobiliario en el proceso de contratación, abaratar los gastos asociados a modificaciones en los contratos hipotecarios y establecer sanciones para los incumplimientos de lo estipulado en el contrato.

Esta Ley no entrará en vigor hasta que pasen tres meses de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de acuerdo con el texto aprobado por el Senado y que ha sido ratificado por el Pleno del Congreso de los Diputados.

Mayor transparencia en la información y nuevo régimen sancionador

La Ley regula, entre otros aspectos, las normas de transparencia y de conducta que deben cumplir los prestamistas, intermediarios de crédito y sus representantes designados, así como el régimen sancionador que deberá aplicarse en caso de que no se cumplan.

Durante los siete días antes de la firma del contrato, el hipotecado deberá ser informado de su contenido y de la existencia de cláusulas potencialmente abusivas u opacas. El objetivo es que conozcan con exactitud el coste que en el medio y largo plazo les va a suponer la financiación que contratan, lo que les permitirá realizar una planificación financiera a largo plazo. De este modo, se promueve la simplicidad en la redacción de los contratos con el fin de ofrecer una información más transparente a los consumidores.

Mayor protección frente a los embargos

La Ley incorpora distintas disposiciones encaminadas reforzar las garantías de los prestatarios en el proceso de contratación y evitar, en última instancia la ejecución de este tipo de préstamos en vía judicial con la consiguiente pérdida de la vivienda. Se endurecen, de esta forma, los requisitos para iniciar un proceso de embargo, reforzando las garantías para los prestatarios en el proceso de contratación, estableciendo una regulación clara y sencilla que evite dudas interpretativas innecesarias o estableciendo mecanismos de solución de conflictos o situaciones que pudieran variar la situación del prestatario en las condiciones que contrató.

La nueva regulación establece que para que se pueda iniciar la ejecución de un préstamo hipotecario deben haberse producido nueve impagos mensuales, o del 2% del capital concedido, durante la primera mitad de la vida del préstamo. Durante la segunda mitad, se aumenta hasta doce las cuotas mensuales impagadas, o 4% del capital concedido.

Condiciones más económicas

Amortizaciones más baratas: Abarata las comisiones de cancelación anticipada de los préstamos a tipo variable hasta eliminarlas a partir de los cinco años de vigencia del contrato.

Se facilita el cambio de una hipoteca variable a otra fija: Anula la comisión a partir del tercer año en la conversión de tipo variable a fijo.

Rebaja los gastos de aranceles y notaría. 

Sobre la red ECC-Net: La red ECC-Net fue creada por la Comisión Europea en 2005 y está compuesta por cada uno de los Centros Europeos del Consumidor de los distintos Estados miembros de la UE, Noruega e Islandia. Todos ellos, ofrecen asistencia y asesoramiento gratuito a los consumidores.